REFORMA AGRARIA

  

Reforma Agraria

El programa de reforma agraria iniciado en Colombia desde 1961 es cuestionado en sus resultados por todos los sectores. Desde el gobierno y los terratenientes con argumentos que van desde el alto costo de la intervención del Estado y los bajos resultados, hasta lecturas que parten de que este programa introduce indeseables elementos de inestabilidad a los derechos de propiedad que deberían estar por fuera de toda discusión para crear condiciones favorables a la inversión nacional y extranjera.

Estas posiciones proponen a cambio de la reforma agraria –que ya no sería necesaria- programas de neoparcería bajo el nombre de “alianzas estratégicas, sociales y productivas para la paz”.

Por otro lado van las evaluaciones de los sectores campesinos, indígenas, afrocolombianos, organizaciones sindicales y cívicas y, en general, las organizaciones sociales que coinciden con las guerrillas en el sentido de que en Colombia no se ha hecho reforma agraria sino un programa de colonizaciones para ubicar fuera de la frontera agrícola (donde no representaran peligro para el latifundio) a los campesinos desplazados por las violencias políticas mientras se insiste en el esquema fracasado del  conservadurismo agrario con políticas estatales de desarrollo por la vía del latifundio en detrimento del apoyo del Estado a la economía campesina y su aporte.

Nuestra lectura atribuye con base en investigaciones de varias épocas (la más reciente de la Misión Rural hace dos años)  que la acaparación especulativa y rentística de las tierras (capitalismo burocrático) ha sido la base y el motor del gamonalismo, la exclusión política, la pobreza y la violencia terrateniente a la que el campesinado –y los indígenas- respondieron con la creación de movimientos guerrilleros.

Consideramos que la falta de una reforma agraria estructural ha sido el caldo de cultivo para la generación de una cultura de la renta y el dinero fácil que hermana a terratenientes, multinacionales, banqueros y mafiosos.

Atribuimos a la falta de la reforma agraria, los cultivos ilegales y el narcotráfico, la depredación de medio millón de hectáreas de selvas por año,  el mal uso de los suelos y la potrerización de las mejores tierras del país donde pastan algunas vacas, pues son tierras dedicadas a captar rentas y valorización por proyectos que no son de producción agropecuarios.

Con la excepción de los terratenientes, los empresarios  y los neoliberales en el gobierno, hay una suerte de consenso nacional en la vigencia de una reforma agraria integral, democrática y masiva, que no avanza debido a la composición del Congreso, los compromisos del Ejecutivo con los latifundistas y últimamente con las multinacionales que coinciden en señalar que el sector agropecuario ya no es importante, ni la propiedad de las tierras.

Este planteo esconde una política de alta movilidad de la población definida y aplicada desde hace 50 años para “sacar gente ineficiente del campo” con lo que la consolidación del latifundio y el desplazamiento campesino (por pobreza y marginalidad o por violencia) pasaron a ser políticas de Estado para dejar el territorio libre de “gente sobrante” para que las multinacionales y el imperialismo norteamericano desarrollen sus megaproyectos de inversión y control

geoestratégico.

La reforma agraria marginal se mantiene así como un simple programa de colonizaciones y mercado subsidiado de tierras –también fracasado- para la  estabilización de áreas de alto conflicto agrario, por lo que no cuenta con el soporte de una política de desarrollo rural y protección de la economía campesina, con lo que también el país  perdió su seguridad alimentaria (abundante oferta de  alimentos nacionales, producidos sin químicos,  a precios asequibles para la población) 

En los debates y foros realizados en los últimos dos años en escenarios regionales, nacionales y en algunos escenarios internacionales se lograron amplios consensos en la vigencia de la reforma agraria en Colombia para hacer un ordenamiento social y cultural de la propiedad, que significa redistribuir activos productivos, establecer áreas para el desarrollo y consolidación de la economía campesina (que ha demostrado ser más eficiente que los latifundistas), y para el etnodesarrollo de cerca de 80 grupos indígenas diferentes, proteger ecosistemas frágiles, reemplazar los cultivos ilegales, reubicación de colonos de áreas protegidas, definir las áreas de reserva campesina y las reservas de suelos alrededor de las grandes ciudades y, en general, estimular una cultura productiva, de respeto y conservación de la naturaleza y la biodiversidad, que impulse el desarrollo nacional y social.

2-.  Desde 1962 y a 31 de dic/99 las ejecutorias del INCORA son:

Adjudicación de 1´696.800 hás a 101.800 familias campesinas (de 1,5 millones que no la tienen), titulación de 13´739.056 hás de tierras baldías (de la nación, a razón de 8,1 hás de baldíos tituladas por 1 ha adjudicada, lo que prueba la marginalidad del proceso), extinción del dominio de 4´713.706 has. (tierra que el INCORA quitó e ingresó sin costo para el Estado), constitución y ampliación de resguardos para comunidades indígenas sobre 30´378.314 hás; titulación a comunidades negras sobre 1´389.359 hás, y un trabajo de promoción de la organización campesina que fue desmontado hace pocos años.

Siendo Colombia un país con 114,7  millones de hás de extensión territorial, el instituto ha actuado sobre 51´917.235 hás sin incluir la ejecución del año 2000. Como puede observarse, el INCORA fue desviado desde el Pacto de Chicoral (en 1973 el bipartidismo latifundista decide parar el proceso y no afectar sus tierras ociosas) para afectar sólo las tierras de la nación, por lo que no puede ser evaluado como instituto de reforma agraria (a pesar de su nombre y en sus etapas iniciales haber hecho reforma integral y construido 17 distritos de riego sobre cerca de 200 mil hás de tierra y construido obras de infraestructura en muchos sitios del país),  sino como instituto de colonizaciones (de hecho sus ejecutorias se refieren sobre todo a titulación de tierras baldías a campesinos, indígenas y negros).

Dentro de las limitaciones mayores del proceso están: la reiterada falta de voluntad política de los gobernantes y legisladores, la utilización de la reforma agraria como política para la gobernabilidad y estrategia de contención social y contra insurgencia, pero no como estrategia de desarrollo; las permanentes estrecheces presupuestales del instituto agravadas por la práctica legal del mercado de tierras de adquirir tierras bajo autoavalúo del propietario, la profusa y pro terrateniente legislación agraria, la falta de integralidad de los programas y la carencia de política de desarrollo rural, las tasas de usura a los créditos incluidos los destinados a la producción de alimentos, la apertura económica que quebró miles de parceleros exitosos hasta 1990, la persecución oficial a las organizaciones campesinas e indígenas, la participación marginal (sin poder de decisión) de las comunidades en el proceso, la pérdida de capacidad operativa de la entidad con reducciones de su planta de personal de 4007 cargos en 1990 a 1459 cargos actualmente (con amenazas de Minhacienda dejar sólo 400 este año) para golpear al instituto y su Sindicato bajo la excusa de  reducir gasto público pero atendiendo exigencias de la organización de terratenientes de extrema derecha SAC que considera al INCORA y sus programas como innecesarios desde su misma creación, actualmente llaman al INCORA “un edificio con Sindicato”-; los casos de corrupción en algunas compras de tierras en el  mercado...

El programa de reforma agraria marginal hasta hace cuatro años fue usado también como señuelo electoral para llevar al campesinado a votar por el bipartidismo pero sin asignar a la entidad recursos presupuestales.

Particularmente ilustrativo al respecto son las cifras del presupuesto nacional que será para el año entrante de $57 billones de pesos colombianos: el servicio de la deuda externa representaba en 1995 el 19,1% y pasa en el 2001 al 40,4% del presupuesto total de la nación; el pago de intereses de la deuda el año entrante será cinco veces mayor que el presupuesto total de inversión de la nación. Y de los $57 billones de pesos, para reforma agraria el gobierno sólo asignará el año entrante la irrisoria suma de $17 mil millones en inversión y $37 mil millones en funcionamiento (para una planta de personal de sólo 400 trabajadores en INCORA de los 1459 actuales),  es decir que en reforma agraria el gobierno invertirá el próximo año la miserable, irrisoria suma que no llega al 0,00000009% del presupuesto nacional (¡ nueve centi millonésimas del presupuesto nacional, aunque suene increíble¡) y así insisten en que “la reforma agraria resulta muy costosa”.

Cálculos del Consejo Nacional Campesino establecen que la reforma agraria en Colombia se haría con sólo $2 billones de pesos si se afectan con extinción del derecho de dominio los 44 mil kilómetros cuadrados comprados –o arrebatados- por la mafia para lavar dólares y especular con la valorización de los megaproyectos en los mejores suelos del país (valles de los ríos Cauca, Magdalena, Sinú, San Jorge, Zulia, Meta, etc)

Ilustración de Matiz para Prensa Rural

El acto de producir implica la producción de espacio. Los modos en que se organizan las fuerzas productivas, en que se articulan los diferentes eslabones quedan allí, plasmados en el territorio. El espacio es modificado por y para la producción y en forma simultánea modifica la misma, que no se lleva adelante sobre el vacío sino que sucede en territorios reales que a lo largo de su historia se han ido configurando y reconfigurando al ritmo de la articulación del desarrollo desigual de las fuerzas productivas.

El territorio es poder. Frente a las modernas teorías que pregonan la globalización como un proceso donde el espacio pierde importancia frente a la virtualización de la realidad, la velocidad de los medios de comunicación y el desarrollo tecnológico; en la actualidad la lucha por la apropiación del territorio, de sus recursos naturales, se mantiene en plena vigencia, con evidencias incontrastables como la invasión a Iraq para apropiarse del petróleo o el Plan Colombia.

En este contexto la geografía se revaloriza, constituyéndose como una herramienta fundamental para los análisis territoriales, análisis de las pujas de poder que luchan en y por el espacio. La geografía desde su inicio ha estado al servicio de los grupos de poder. Surgió de la mano del Estado moderno para inventariar y cuantificar los recursos existentes en cada territorio y de esta forma ponerle fronteras y apropiárselos.

En la actualidad existen numerosas corrientes dentro de esta ciencia que se han opuesto a esta tradición positivista y que la han criticado desde los más diversos ángulos. Muchos de nuestros profesores, de los teóricos de los que aprendimos, constituyen estas filas, y sobre esta base nos hemos formado.